miércoles, 5 de diciembre de 2012

6 de diciembre de 2012. 34 Aniversario de la Constitución Española


Hace treinta y cuatro años, tras cuatro décadas privados de libertad, los españoles construimos el marco para la convivencia por el que habían trabajado varias generaciones de demócratas: La Constitución de 1978.

Una Constitución que garantiza los derechos y libertades de todos los ciudadanos, y que ha sido fundamental para el desarrollo integral de España.

Una Constitución abierta, capaz de incluir a todos, de amparar las distintas concepciones ideológicas y de permitir una efectiva alternancia de gobiernos de distinto signo. Una Constitución aprobada por un amplio consenso, que fue concebida como obra de todos y para todos, que todos debemos defender, y cuya paternidad nadie puede arrogarse en exclusiva.

Vivimos un momento de crisis económica global, que en nuestro país es especialmente intensa; una crisis que ha traído desempleo y precariedad para millones de trabajadores y trabajadoras, y enormes dificultades para sus familias.

En este contexto, se están produciendo cambios sustanciales en el Estado del bienestar, que durante estos años en democracia ha garantizado la cohesión social, la convivencia y el éxito económico de nuestro país. La Constitución sigue siendo un referente que debe contribuir a dar respuestas contundentes para impulsar soluciones diferentes a las que se están adoptando; respuestas que deben superar los dogmatismos económicos y los dictados del capitalismo especulativo que están rompiendo el modelo de convivencia diseñado durante la transición.



El carácter democrático del Estado de Derecho, consagrado en el Artículo Primero de la Constitución, exige de los poderes públicos que intervengan para corregir desigualdades y conseguir la igualdad real entre los hombres y mujeres, así como que defiendan los valores de libertad, justicia y pluralismo político, y la dignidad de la persona como el fundamento del sistema.

La Constitución concibe la Justicia como un poder del Estado, y la configura como un derecho y como un servicio público de carácter prestacional dirigido a la protección de los derechos y de los intereses legítimos de la ciudadanía. Un compromiso que choca con las últimas medidas adoptadas por el Gobierno, que suponen un serio obstáculo para el acceso de los ciudadanos a la justicia en condiciones de igualdad.

Como norma de nuestro tiempo, los preceptos de libertad de conciencia, ideológica o religiosa, la laicidad o la aconfesionalidad del Estado, están garantizados por la Constitución y como tales deben ser respetados de modo efectivo por cualquier Gobierno, con independencia de la ideología propia del Partido que lo sustente.

Asimismo, la Constitución contiene el marco normativo del estado Social, comprometido con el acceso de los ciudadanos a unas condiciones de vida dignas, a través de la educación, la salud, el trabajo y la vivienda, para garantizar la cohesión y la equidad.

Frente al fracaso de las políticas económicas que la crisis global ha puesto de manifiesto, los socialistas consideramos que la dimensión social que define nuestra Constitución legitima la intervención de los poderes públicos, la regulación y la supervisión pública en base al interés social que no debe disociarse de la dignidad humana.

Felicitémonos hoy por los treinta y cuatro años de convivencia en paz, libertad y democracia que, amparados bajo el paraguas de la Constitución de 1978, hemos disfrutado los españoles; y construyamos, más pronto que tarde, una Europa unida, fuerte y cohesionada en lo político y económico. Una Europa que vele con decisión por los intereses de los Estados miembro y de sus ciudadanos. Una ciudadanía europea que tenga como cimientos todo lo que nos une, y donde nuestros jóvenes sean protagonistas del presente y del futuro.

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