Pelea por GARANTIZAR LA COHESIÓN SOCIAL

Los hombres y mujeres socialistas creemos que las dificultades no pueden sufrirlas en mayor medida las ciudadanas y ciudadanos que están en una posición más vulnerable. Y es precisamente en los momentos difíciles cuando es imprescindible garantizar más que nunca la cohesión social. Por eso, en los últimos años, no sólo no hemos reducido la inversión social, sino que la hemos aumentado, con el único objetivo de que nadie se quede atrás y mucho menos los que peor lo están pasando con la crisis.

Ahora tenemos más cobertura de protección social a las personas desempleadas que nunca. Hemos alcanzado un 80%, mientras que en 2003, cuando gobernaba el PP, la cobertura no llegaba al 60%.

También es una realidad que, desde la primera fase de la crisis, hemos ido adoptando medidas dirigidas a las personas más afectadas por situaciones de vulnerabilidad social con un claro enfoque redistributivo. La intención es que éstas puedan afrontar las dificultades económicas, incrementando la renta familiar, facilitando el pago de las hipotecas... Para ello, hemos puesto en marcha nuevas prestaciones, como es la ayuda de seis meses a los parados que hayan agotado la prestación por desempleo. Gracias a los programas PRODI y PREPARA se han beneficiado ya más de un millón de personas. De igual manera, aprobamos otras medidas destinadas a afrontar gastos de carácter básico de los hogares con menores rentas, como son el bono social de telefonía y electricidad para los hogares en los que todos sus miembros están en situación de desempleo o el incremento del importe de salario inembargable en caso de ejecución hipotecaria.
En las dos Legislaturas del Gobierno de Zapatero, hemos mejorado sensiblemente las rentas de las familias con menores ingresos con los incrementos anuales del Salario Mínimo Interprofesional. En siete años, lo hemos incrementado en más de 180 euros, tres veces más de lo que lo subió el PP en sus ocho años de gobierno.

Además, hemos logrado reducir el índice de riesgo de pobreza en la población mayor de 65 años. Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE, el índice se ha reducido en casi ocho puntos porcentuales entre 2004 y 2011, hasta situarse en el 21,8%. Y ello ha sido gracias fundamentalmente a la política de revalorización de las pensiones mínimas, que han tenido un incremento medio anual del 6%. Así, por ejemplo, las pensiones mínimas de jubilación para las personas con 65 años o más con cónyuge a cargo han subido en siete años 257 euros al mes. Esta subida supone una ganancia del poder adquisitivo del 27% (descontando la inflación), un dato muy superior a la experimentada en los ocho años de Gobierno del PP, que sólo fue del 3,6%. Las pensiones mínimas de viudedad para mayores de 65 años se han incrementado en casi 200 euros al mes. Gracias a esta subida, su poder adquisitivo ha subido un 24,8% frente al 4,9% que lo hicieron durante los años que el PP estuvo en el Gobierno.

Los mayores más vulnerables también se han beneficiado de otras medidas que hemos aprobado, como es el complemento a las pensiones no contributivas de jubilación para aquellas personas que carecen de vivienda propia y residen en una alquilada.
En estos años, además, hemos aumentado la inversión en sanidad, duplicado la inversión en educación y hemos puesto en marcha un nuevo sistema de promoción de la autonomía y atención a la dependencia, que ya beneficia a más de 700.000 personas.

Hay que insistir en que, incluso en la fase actual de la crisis protagonizada por el proceso de consolidación fiscal, los presupuestos para 2011 prevén que el 58% del gasto se destine a mantener las políticas sociales y a preservar la cohesión social. Se trata de la mayor inversión en políticas sociales que se ha hecho nunca en democracia, lo que indica claramente el compromiso de los socialistas con los que más lo necesitan. 

Para mantener este compromiso creemos que es imprescindible contar con el trabajo que a diario realizan las ONG por ser un mecanismo de atención directa a la ciudadanía con mayor riesgo de exclusión social. La importancia que para nosotros tienen las organizaciones sociales queda plasmada, entre otras muchas actuaciones, en la existencia de un cauce específico de financiación de proyectos sociales de las ONG, a través del IRPF, cuya asignación hemos incrementado del 0,5% al 0,7%. De este modo se ha duplicado el presupuesto destinado a las entidades de acción social. Se ha pasado de una asignación de 105 M€ en 2007 a 205 M€ en 2010.

No es lo mismo PSOE que PP
Que el Gobierno apruebe cada año una subida de las pensiones mínimas por encima del IPC parece que es ya una cosa normal. Pero lo cierto es que sólo ha ocurrido desde que gobierna José Luis Rodríguez Zapatero. El PP jamás lo hizo. El Gobierno de Aznar se limitó a lo que estaba obligado por ley, que es subir las pensiones en el mismo porcentaje que la subida del IPC. Cada año de gobierno socialista las pensiones mínimas han subido un 6% frente a un 3,4% de incremento que tuvieron mientras gobernó el PP.

En sus ocho años de gobierno, el PP sólo subió en 60 euros el Salario Mínimo Interprofesional frente a los 180 que lo hemos incrementado los socialistas. De hecho, con el PP los trabajadores con salarios más bajos perdieron un 5% de poder adquisitivo.

El compromiso del PP con las entidades del Tercer Sector y con los que más lo necesitan es casi nulo como están demostrando diversos gobiernos regionales y municipales al incumplir los compromisos financieros que tienen con muchas organizaciones que prestan servicios asistenciales. Muchas de ellas se están viendo obligadas a cerrar centros y reducir prestaciones y servicios (a inmigrantes, personas discapacitadas, mujeres víctimas de violencia de género, mayores…) o a endeudarse para poder mantenerlos.

Vamos a seguir garantizando la cohesión social, por eso nos comprometemos a:
 - Garantizar a través de las sucesivas revalorizaciones el poder adquisitivo de las pensiones.
 - Aumentar las pensiones de viudedad de quienes las tengan como principal fuente de ingresos, así como las pensiones mínimas con cónyuge a cargo o de personas que viven solas.

 - Promover un marco de actuación que garantice la sostenibilidad, la equidad, la suficiencia y la calidad del sistema público de servicios sociales, definiendo una red de servicios y prestaciones comunes que tenga como objetivo la autonomía de las personas con mayores dificultades personales y sociales.

- Impulsar servicios sociales de seguimiento y atención personalizados de las personas en riesgo de exclusión, asegurando el acompañamiento, la prevención y la atención integral, más allá de la prestación de recursos económicos.

 - Elaborar una Ley del Tercer Sector de Acción Social, que regule el régimen jurídico del sector y lo reconozca como sujeto de derecho.